César Coronel Garcés, abogado de Defensa Deudores Ecuador, advierte que “el país enfrenta retos que deben resolverse de inmediato en materia de seguridad ciudadana y reactivación económica”, y recuerda que ambos temas están profundamente interconectados. A su criterio, la continuidad del gobierno de Noboa y su mayoría legislativa abren una “oportunidad única para impulsar reformas efectivas en beneficio de los deudores, como ya se empezó a trabajar durante la primera etapa de su administración”.
Propuestas clave: desde acuerdos flexibles hasta una ley de segunda oportunidad
Entre las reformas estructurales necesarias a mediano y largo plazo, Coronel propone actualizar las normas procesales para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores, incluyendo la condonación de intereses y gastos legales para quienes paguen sus obligaciones al contado. Además, plantea la creación de una ley de segunda oportunidad que permita a personas sobreendeudadas de buena fe renegociar sus deudas o acogerse a procesos de quiebra controlada, similar a los modelos vigentes en países como Chile.
“Es urgente modernizar la desactualizada legislación concursal de Ecuador”, señala Coronel, destacando la necesidad de instrumentos legales que permitan a los ciudadanos salir de los registros de morosidad y recuperar su estabilidad financiera.
Medidas inmediatas para aliviar la presión económica
En el corto plazo, Coronel considera indispensable asegurar el cumplimiento efectivo de las disposiciones presidenciales, como la condonación de deudas en el Banco Nacional de Fomento (BNF). “Estas medidas deben aplicarse sin trabas ni dilaciones, y sancionar a quienes las obstaculizan, ya que esto se presta para abusos de ciertos mandos medios”, advierte.
Asimismo, propone extender mediante reforma legal los beneficios de la Ley Orgánica de Alivio Financiero, vencidos el pasado 28 de febrero, permitiendo condonar intereses, gastos legales y recargos en deudas productivas de la banca pública, además de establecer plazos de pago proporcionales a la deuda.
Adicionalmente, sugiere incluir en estas acciones la condonación de créditos estudiantiles con saldos menores a 5.000 dólares, como ya ha ocurrido con la CFN. “Esta medida debería aplicarse tanto a las deudas otorgadas por el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE) como por el Banco del Pacífico, beneficiando a jóvenes que enfrentan dificultades económicas para asumir estos compromisos”, agrega.
Casos críticos: Banco del Pacífico y CNT
Sobre el Banco del Pacífico, Coronel señala que, pese a su capacidad coactiva, no aplica los beneficios establecidos para la banca pública. Por ello, sugiere “crear mecanismos especiales y reglas claras para condonar intereses a quienes cancelen el capital de contado, especialmente en créditos estudiantiles”.
En el caso de CNT, propone retomar la aplicación del reglamento para la prescripción de deudas incobrables con más de cinco años de antigüedad, señalando que mantener estos saldos beneficia únicamente a estudios jurídicos externos, en perjuicio de los ciudadanos y de la salud financiera de la empresa pública.
Un país ahogado por las deudas
La situación económica del país es alarmante. Según datos de ASOBANCA, tres de cada diez ecuatorianos tienen una calificación mala o pésima en el buró de crédito, y se estima que, en promedio, cada persona mantiene entre 13 y 19 operaciones crediticias activas, de acuerdo con cifras de RFD, Universidad San Francisco de Quito y Equifax.
Además, el 46% de los ecuatorianos usa sus tarjetas de crédito para adquirir productos básicos, según Kantar, reflejando que las familias están recurriendo al crédito, no para lujos, sino para cubrir necesidades esenciales.
Aunque la inseguridad lidera las preocupaciones ciudadanas, la crisis económica, el desempleo y la carga financiera figuran entre las principales inquietudes, agravadas por el aumento de la morosidad y una situación de sobreendeudamiento insostenible.
Por una legislación inclusiva y socialmente responsable
Frente a este escenario, Defensa Deudores Ecuador propone sumarse junto al nuevo gobierno y a la Asamblea Nacional a priorizar reformas legales que otorguen un verdadero respiro financiero a los deudores y permitan restablecer su estabilidad económica. “El crecimiento de la morosidad refleja la falta de liquidez de las familias ecuatorianas. Las personas no solo están endeudadas, sino sobreendeudadas”, concluye César Coronel, destacando la urgencia de actuar con responsabilidad social y visión económica sostenible.