En las entidades públicas, ayer, los especialistas financieros se quedaron hasta altas horas de la noche preparando las certificaciones presupuestarias para hacer las liquidaciones de quienes serán desvinculados.
El anuncio sobre la desvinculación de 5 000 servidores públicos tiene en vilo a quienes trabajan en las instituciones gubernamentales. En las últimas horas, algunos funcionarios sienten incertidumbre, pues se sienten observados por sus jefes y temen ser evaluados a discreción, con base en el Reglamento a la Ley Orgánica de Integridad Pública, que fue firmado por el presidente Daniel Noboa el pasado 22 de julio.
En las entidades estatales, los especialistas financieros se quedaron hasta altas horas de la noche preparando las certificaciones presupuestarias para hacer las liquidaciones de quienes serán desvinculados. De hecho, algunos ya fueron notificados ayer y en el ambiente hay mucha preocupación. En los chats de varios servidores públicos, ya se comenta lo que se van a fusionar dependencias y otras van a desaparecer. Temen salir y no conseguir empleo para mantener a sus familias…
Miguel García, expresidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, afirma que las evaluaciones son positivas cuando se las realiza de forma técnica y profesional para analizar las competencias de cada trabajador. Sin embargo- a su criterio- con el nuevo reglamento se da carta abierta a la discrecionalidad. Antes, la supresión de una partida implicaba que esta tenía la prohibición expresa de volver a abrirse. Ahora, eso eliminaron. «En consecuencia, me puede usted suprimir la partida, comunicarlo al Ministerio de Finanzas y después de un mes se vuelve a crear la partida para el afecto, al que sea de amigo del Gobierno».
Otro de los inconvenientes es lo que se incluyó una modificación en el pago a quienes les suprimirán la partida.
Lo dice el artículo 160 del Reglamento:
Art. 160- Las y los servidores cuyos puestos sean suprimidos tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado porcada año de servicio en la entidad de su nombramiento, contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta (150) salarios básicos unificados del trabajador privado en total, a partir del año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015, para cuyo efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes En función de la disponibilidad fiscal existente.
Antes, la indemnización estaba contemplada con cinco salarios básicos por año, pero tomando en cuenta el salario básico vigente en el 2015 que era de USD 354. Al hacer el cálculo, implicaba aproximadamente USD 1 770 por año. Esto era multiplicado por los años de servicio con un techo equivalente a 150 salarios básicos del 2015, lo cual implicaba una indemnización cercana a USD 50 000.
Ahora le cambian y el reglamento plantea que la indemnización será cinco salarios básicos del 2015 por año, o sea, los mismos USD 1 170, pero se toma como arranque al año 2015. «Yo puedo haber ingresado en 1990, pero para efectos del cálculo me ponen como que hubiera ingresado en 2015 y de ahí el cálculo para la indemnización se tomara en cuenta a partir del quinto año, o sea, cinco años no son validados».
«En el mejor de los casos se les realizará un cálculo por 10 años, o sea, del 2015 si se le quita porque estamos es 2025», acotó. A esos cinco años se les multiplica por USD 1770 y tendrán un techo de USD 8 850. «Con eso van a sacar al que quieran sin ningún problema. Antes tenían que pagar USD 50 000, hoy con 8 850 dólares le indemnizan».
Ante ese escenario -explica García- la incertidumbre es enorme porque no todos los desvinculados podrán llegar a los USD 8 850 y la situación empeora porque el Gobierno Nacional afirmó que 5 000 serán desvinculados.