El Pleno de la Asamblea Nacional realizó el primer debate del Proyecto de Ley de Reproducción Humana Asistida, propuesto por la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de la sentencia 184-18-SEP-CC de la Corte Constitucional. A pesar del debate parlamentario, subsisten profundas tensiones bioéticas, jurídicas y sociales en el texto.
La organización Dignidad y Derecho advierte que el proyecto mantiene vacíos y contradicciones graves en el control sobre las técnicas de reproducción asistida y en la protección de los derechos del niño y de las mujeres. Pese a haber solicitado formalmente intervenir en el Pleno para exponer estas preocupaciones, la organización no recibió respuesta. También quedó sin trámite la solicitud de comparecencia del Dr. Francisco Guell Pelayo, especialista de la Comisión Europea en la materia. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso el cierre de la sesión, remitiendo nuevamente el tema a la Comisión de Salud luego de un insuficiente debate.
El informe legislativo propone autorizar técnicas como la fecundación in vitro, la donación de gametos y la criopreservación de embriones, sin un análisis profundo de sus implicaciones sanitarias y jurídicas. Asimismo, regula la figura de la «voluntad procreacional» como criterio de filiación absoluto, desplazando el vínculo biológico y generando inseguridad jurídica sobre la identidad de los niños.
Dignidad y derecho destaca cuatro aspectos críticos del proyecto: la debilidad del principio del interés superior del niño, la falta de control sobre la idoneidad de quienes acceden a estas técnicas, el riesgo sanitario no valorado adecuadamente, y la omisión de alternativas médicas menos invasivas como la naprotecnología.
A nivel internacional, Reem Alsalem, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, ha advertido en repetidos informes y conferencias que el auge de la reproducción asistida atenta contra los derechos humanos de las mujeres y no puede ser una respuesta aislada al aumento de casos de infertilidad. Dignidad y derecho insiste en que el Estado debe adoptar un enfoque preventivo e integral que incluya acceso a tratamientos básicos, investigación sobre causas de infertilidad y fortalecimiento del sistema de adopciones.
“El país necesita una ley informada, ética y responsable. No basta con habilitar procedimientos; es urgente garantizar los derechos de todos los involucrados, especialmente los más vulnerables”, subrayó Víctor Manuel Valle, vicepresidente de la organización.