Con 142 votos a favor y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este domingo, 21 de diciembre de 2025, llamar a comparecer a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), para que informe sobre hechos de conocimiento público relacionados con presuntas irregularidades en actuaciones judiciales y otros asuntos inherentes a sus competencias.
La resolución establece que la comparecencia será presencial, indelegable y deberá realizarse dentro de los próximos ocho días término, contados desde la aprobación. El pleno también resolvió suspender, de ser necesario, el receso legislativo previsto del lunes 22 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. Además, dispuso el inicio de un proceso de fiscalización a cargo de la Comisión de Justicia.
Previo a la votación, de los 143 legisladores presentes, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, abrió el debate. El asambleísta Andrés Castillo, de Acción Democrática Nacional (ADN), sostuvo que la fiscalización resulta necesaria, especialmente en un contexto en el que el país cuenta con “una Asamblea distinta”. Castillo se refirió a la renuncia del juez Carlos Serrano, que no fue aceptada por el CJ debido a que mantenía causas de conmoción social, y propuso la moción para que Godoy comparezca en un plazo de ocho días con el fin de aclarar “todos los rumores” y despejar dudas.
En la misma propuesta, Castillo planteó que la Comisión de Seguridad inicie la fiscalización de los rumores o supuestos hechos que han circulado en los últimos días en torno a Godoy.
El debate
Durante el debate, el legislador Otto Vera señaló que los rumores de escándalos y presiones no son lo que el país necesita y recordó el caso de la jueza Nubia Vera, quien también habría recibido presiones. Afirmó que en ese momento la Asamblea debió emprender una fiscalización y sostuvo que el CJ no ha respondido adecuadamente a la crisis judicial. Como complemento a la moción, pidió que el análisis incluya ese caso y que, tras la fiscalización, se evalúe una reestructuración del Estado para evitar intromisiones en la justicia.
El asambleísta Raúl Chávez cuestionó el plazo de ocho días y propuso que la comparecencia se realice en al menos 48 horas, con la suspensión del receso legislativo si fuese necesario. Indicó que las acusaciones resultan graves y que la Asamblea debe dar respuestas claras a la ciudadanía. En la misma línea, el legislador independiente Pablo Jurado respaldó la fiscalización y afirmó que el Estado no puede permanecer ausente.
Desde RC, la asambleísta Viviana Veloz consideró insuficiente la convocatoria y planteó que el juez Carlos Serrano también comparezca ante el pleno. Insistió en suspender el receso legislativo y cuestionó que el tema se haya tratado de manera telemática. Veloz señaló que, de existir responsabilidades, estas también alcanzarían al Consejo de Participación Ciudadana y a la Corte Nacional de Justicia, por su rol en la designación de Godoy, y pidió reactivar juicios políticos en su contra y contra otros responsables, de ser necesario.
Ante los pedidos de reducir el plazo, Castillo recordó la necesidad de respetar el debido proceso y permitir que Godoy cuente con el tiempo adecuado para preparar su defensa, conforme a la Constitución. La legisladora de ADN, Inés Alarcón, advirtió que el país ya vivió épocas de intromisión política en la justicia y aseguró que en el Parlamento no existe espacio para el silencio cómplice, por lo que su bancada respaldó la moción.
El asambleísta Xavier Lasso insistió en la suspensión del receso legislativo y exhortó a que Godoy comparezca ante la Comisión de Justicia lo antes posible. Desde Pachakutik, la legisladora Mariana Yumbay subrayó la importancia de la fiscalización ante los rumores de presiones a magistrados y recalcó que el Consejo de la Judicatura debe garantizar la independencia judicial, no interferir en las decisiones de los jueces.
La asambleísta Rosa Torres afirmó que la crisis del sistema de justicia responde a administraciones anteriores y señaló que lo prioritario es esclarecer las denuncias públicas sobre presiones y falta de seguridad expuestas por el juez Serrano. Recordó además que en su comisión se tramitan reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, orientadas a establecer reglas claras para el sistema de justicia.
Con la resolución aprobada, la Asamblea avanzará en la fiscalización y definirá la fecha de la comparecencia de Mario Godoy dentro del plazo establecido.
Fuente: Primera Plana