El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, compareció este 5 de enero de 2026 ante el pleno de la Asamblea Nacional, en un escenario marcado por tensiones políticas y acusaciones entre las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC).
La comparecencia se produjo tras la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien señaló supuestas presiones de un funcionario del CJ para favorecer a un narcotraficante serbio.
Rechazo a acusaciones y “fakenews”
Godoy ingresó al hemiciclo a las 12:40. En su intervención inicial, calificó como “fakenews” una fotografía difundida por allegados a RC en la que supuestamente aparece junto al asesor presidencial Fausto Jarrín. Además, sostuvo que enfrenta una “serie de calumnias” sin sustento.
El titular del CJ recordó que su cargo no tiene competencias para emitir sentencias ni investigar delitos. Aclaró que el Consejo de la Judicatura se encarga del gobierno, la administración y la vigilancia de la Función Judicial, y que la seguridad de jueces y fiscales corresponde a la Policía Nacional, con base en informes técnicos.
El caso del juez Carlos Serrano
Al referirse a la situación del juez anticorrupción Carlos Serrano, Godoy afirmó que el CJ cumplió todos los procedimientos administrativos establecidos. Señaló que no aceptar de inmediato la renuncia del magistrado respondió a la necesidad de garantizar la continuidad de los procesos judiciales y no a una medida extraordinaria.
Godoy negó que Serrano haya sido presionado para conocer el caso Triple A, relacionado con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Para respaldar su versión, mostró el acta de sorteo del 24 de julio de 2025, en la que, según dijo, consta que el juez fue designado desde el inicio para integrar el tribunal. Añadió que los pedidos de teletrabajo presentados por Serrano, tras dictar sentencia contra un narcotraficante serbio, se tramitaron de forma inmediata y que el CJ solicitó a la Policía restituir su seguridad.
Cuestionamientos al desempeño judicial
Durante su comparecencia, Godoy cuestionó la gestión del juez Serrano y aseguró que, al revisar su despacho, se identificaron demoras en la emisión de sentencias escritas en varios casos. Señaló que el magistrado tenía bajo su jurisdicción procesos de delincuencia organizada que no podían quedar abandonados. “¿A quién beneficia que no se emitan las sentencias por escrito contra ciertas personas?”, preguntó ante los legisladores.
Godoy también expuso un caso ocurrido en Esmeraldas, donde una jueza se jubiló durante la administración de Wilman Terán sin que existiera documentación que respalde el trámite. Indicó que la magistrada dejó más de un centenar de sentencias pendientes, muchas de las cuales fueron declaradas nulas. Con ese antecedente, cuestionó a la bancada de Revolución Ciudadana por no haber fiscalizado esa gestión.
Seguridad personal y señalamientos políticos
En la parte final de su intervención, Godoy agradeció una recomendación del presidente Daniel Noboa relacionada con su seguridad, aunque aseguró que continuará defendiéndose de los ataques en su contra. Solicitó acudir a la Comisión de Fiscalización para defender su honor y esclarecer, según dijo, quiénes buscan tomarse la justicia.
Además, responsabilizó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a la bancada de Revolución Ciudadana de cualquier hecho que pudiera afectar su integridad o la de su familia. Afirmó que las acusaciones en su contra se habrían montado para evitar la instalación de la audiencia del caso Triple A.