Con 80 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, iniciativa calificada como urgente en materia económica e impulsada por el presidente Daniel Noboa.
La sesión inició a las 14h30 y, al momento de la votación, se registraron 109 legisladores presentes. De ellos, 23 votaron en contra y 6 se abstuvieron, mientras que 43 asambleístas estuvieron ausentes.
El respaldo provino del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, quienes apoyaron el proyecto como parte de la agenda del Ejecutivo.
El Proyecto de Ley sobre Áreas Protegidas es el tercero calificado como urgente en materia económica que impulsa Noboa. Con este busca ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su condición de áreas protegidas, han sido tomados por economías ilegales, grupos armados y actividades criminales.
Otro objetivo de la nueva normativa es promover la inversión pública y privada en programas que fortalezcan la gestión de las áreas protegidas, la generación de empleo en las comunidades aledañas, la diversificación de la matriz productiva y desarrollo local a través de actividades ecoturísticas responsables.
Además, promueve las inversiones en seguridad en esas zonas, con el fin de evitar actividades ilegales o de economía criminal en sus territorios
Mientras que para la seguridad, la autoridad competente solicitará a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas que brinden custodia en el perímetro de las áreas protegidas. Esto se complementará con la gestión de los guardaparques.
En la disposición general se establece la remisión del 100% de los cánones vencidos de arrendamiento, intereses, recargos y multas, correspondientes a los contratos de arrendamiento de infraestructura de los puertos artesanales, para fomentar la pesca artesanal.
Cuando se presentó el proyecto para el primer debate, Pachakutik advirtió que este impulsaría la privatización de zonas protegidas, señalando que la conservación de estas áreas se vería negativamente afectada por la intervención promovida por el Ejecutivo, lo cual también afectaría a comunidades nativas indígenas.
«Muy ambiguo»
El último borrador del proyecto dejó por fuera dos párrafos sobre la consulta previa de pueblos indígenas, ya que tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que el sujeto consultante es el Estado, no las empresas, como aparecía en el primer escrito.
Pese a los cambios, el presidente de la Coordinadora ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), Gustavo Redín, calificó este martes al proyecto de Ley como «muy ambiguo».
Las áreas protegidas de Ecuador tienen «especies únicas» y existen «lugares donde no sabes exactamente que hay», como ocurrió con el «sapo en el valle de Íntag (provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador) donde querían poner» una concesión minera y, finalmente, la justicia falló a favor de la conservación medioambiental y paralizó el proyecto, destacó el dirigente.
«Sin un estudio ambiental adecuado, no puedes mover un dedo. Y este tiene que tener un plan de manejo y remediación en caso de generar daños», concluyó, considerando que dentro de la iniciativa existe una ausencia de «mecanismos efectivos y adecuados» para la protección de la biodiversidad y derechos de la naturaleza.