La máxima autoridad en Guayas propuso ante la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, un sistema único de clasificación vial, competencias según capacidad técnica y financiera, y un fondo para mantenimiento de carreteras
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, compareció en la sesión 051 de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, donde presentó observaciones y propuestas técnicas al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, con un llamado firme a fortalecer la descentralización dejando de lado intereses políticos y priorizando el bienestar ciudadano. Durante su intervención, la máxima autoridad fue enfática al señalar que el pago de obligaciones del Gobierno Nacional a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) mediante Bonos del Estado profundiza la crisis financiera en los territorios. “Los Bonos del Estado no sirven para negociar ni para garantizar servicios; trasladan el problema financiero del Gobierno Central a los gobiernos locales y, al final, quien paga las consecuencias es la ciudadanía”, advirtió.
Aguiñaga explicó que la Prefectura del Guayas enfrenta una deuda acumulada que asciende a USD 60 millones, producto de retrasos en las transferencias del Modelo de Equidad Territorial, lo que rompe la cadena de pagos, paraliza obras, genera multas con entidades como el IESS y el SRI, y afecta la credibilidad financiera de los gobiernos provinciales.
En su comparecencia, la Prefecta estructuró su intervención en cuatro ejes fundamentales:
- Descentralización vial.
Aguiñaga señaló que la actual fragmentación de competencias provoca duplicidades, retrasos y abandono de la infraestructura. Recordó que en Guayas, la Prefectura administra más del 96% de la red vial provincial, sin contar con los instrumentos legales y financieros adecuados. Propuso un sistema único de clasificación vial, competencias claras según capacidad técnica y financiera, y un fondo específico, automático y predecible para el mantenimiento de carreteras.
- Transferencias oportunas y en liquidez.
La Prefecta exigió que se cumpla el mandato constitucional de transferencias automáticas, directas y sin condicionamientos. Además, planteó que, si el Estado decide pagar con Bonos, instituciones como el IESS, el SRI y el Banco de Desarrollo del Ecuador estén obligadas a aceptarlos, evitando que los GAD asuman pérdidas por falta de liquidez.
- Incentivos fiscales y administrativos.
Aguiñaga alertó sobre la discrecionalidad política en la asignación de recursos y propuso que las transferencias prioricen a los GAD con disciplina fiscal y mayor inversión en obras y servicios. También planteó que los recursos obtenidos por chatarrización o venta de activos obsoletos, permanezcan en los gobiernos locales y se destinen exclusivamente a inversión pública.
- Descentralización del Sistema Nacional de Cuidado.
Inspirada en el modelo “Cuidando Vidas”, impulsado desde el Guayas, Aguiñaga propuso reformar el COOTAD y la Ley del Derecho al Cuidado para otorgar competencias claras y recursos a los GAD provinciales y municipales, reconociendo que desde el territorio se puede garantizar de mejor manera el derecho a cuidar y ser cuidado.
Finalmente, la autoridad provincial hizo un llamado a la Asamblea Nacional a legislar con sentido de país, recordando que la descentralización no es un discurso político, sino una herramienta para garantizar derechos. “La ciudadanía no quiere saber si una vía es nacional o provincial; quiere carreteras seguras, servicios oportunos y un Estado que funcione de manera coordinada”, concluyó.