A nivel global, los países compiten por atraer capital e inversión interna para fortalecer su economía, es aquí donde la confianza se ha convertido en un factor estratégico para las decisiones de inversión. En 2025, América Latina y el Caribe recibieron USD 188.000 millones en inversión extranjera directa, un 14 % más que el año anterior. Sin embargo, según UN Trade and Development (UNCTAD) los proyectos nuevos anunciados disminuyeron cerca de un tercio. Para Ecuador, este escenario plantea la siguiente pregunta ¿qué condiciones permiten transformar las oportunidades de negocio en inversiones sostenibles?
Esta respuesta no depende solo de la rentabilidad o del potencial de crecimiento; la claridad de las reglas, la previsibilidad contractual y la existencia de mecanismos confiables para resolver controversias también forman parte de la evaluación de riesgos. En sectores como energía e infraestructura, donde los proyectos implican inversiones significativas y compromisos de largo plazo, contar con mecanismos adecuados para gestionar diferencias puede ser determinante para proteger los intereses de las partes.
“La confianza de un inversionista inicia desde el momento en que decide comprometer su capital; contar con reglas claras y mecanismos adecuados para resolver diferencias permite gestionar riesgos con mayor previsibilidad y construir relaciones de largo plazo”, comentó Hugo García Larriva, socio de Corral Rosales, abogado experto en arbitraje internacional y recientemente reconocido como Lawyer of the Year –Arbitration 2026 en los The Latin American Lawyer Energy & Infrastructure Awards.
Un ejemplo concreto es el arbitraje CCI iniciado por CELEC EP contra Sinohydro Corporation en relación con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, una de las controversias de infraestructura más relevantes del país. CELEC reclamaba aproximadamente USD 580 millones y Sinohydro presentó una reconvención, en un caso que involucraba complejas cuestiones contractuales, técnicas y de derecho público. CorralRosales representó a Sinohydro durante todo el proceso, liderando la estrategia sobre los aspectos de derecho ecuatoriano y de derecho público, así como la coordinación con los componentes técnicos y contractuales del caso. Tras varios meses de negociación, las partes alcanzaron un acuerdo transaccional que puso fin al arbitraje y a una disputa de años que permitió avanzar hacia la recepción definitiva de la central y garantizar la continuidad y operación segura de ma Central. El resultado demuestra cómo una estrategia jurídica integral, combinada con una negociación técnicamente estructurada, puede transformar una controversia de alta complejidad en una solución que da cierre a una disputa estratégica para el sector energético ecuatoriano.
Este tipo de resultados también permite comprender que el arbitraje ofrece procedimientos para resolver determinadas controversias conforme a las reglas aplicables y los argumentos de las partes. Para las empresas y las instituciones públicas, la prevención de riesgos, la calidad de los contratos y la preparación de una estrategia jurídica desde el inicio son componentes esenciales de una gestión responsable.
Para Ecuador, la oportunidad está en seguir consolidando condiciones que favorezcan la inversión y la ejecución de proyectos sostenibles, mediante reglas comprensibles, instituciones sólidas y respeto a las obligaciones válidamente asumidas. El arbitraje puede contribuir a ese propósito, siempre que se entienda como parte de un entorno más amplio de seguridad jurídica y no como una solución aislada a todos los desafíos del mercado.
La competitividad de un país mide por el capital que atrae y por su capacidad de generar condiciones para que las inversiones prosperen a largo plazo. Anticipar controversias, establecer compromisos claros y contar con mecanismos confiables para resolver diferencias son parte de esa construcción. La confianza se demuestra a través de reglas previsibles, decisiones fundamentadas y la capacidad de gestionar las diferencias con rigor y responsabilidad.