Tras la suscripción de la muerte cruzada que el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció la mañana de este miércoles 17 de mayo de 2023, el Consejo Nacional Electoral tiene siete días para llamar a elecciones generales anticipadas.
La presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, afirmó que el plazo de los sietes días corre a partir del jueves 17 de mayo de 2023. Es decir, el llamado se realizará hasta el 24 de mayo de 2023. El proceso electoral durará 90 días.
«Para convocar a elecciones tenemos siete días, desde mañana empieza a correr el plazo. Significa que el 24 de mayo es la fecha límite para convocar a elecciones. Podríamos hacerlo antes, eso no impide que podamos reunirnos antes y llamar a elecciones», especificó Atamaint en una rueda de prensa desde el auditorio del CNE.
Diana afirmó que, hasta el 24 de mayo, el Consejo debe tener un calendario electoral que debe ser aprobado, así como directrices y presupuesto.
Quienes sean electos en este proceso electoral cumplirán sus funciones hasta el 23 de mayo de 2025.
El CNE ratificó su compromiso de llevar adelante un proceso electoral eficiente y transparente, «el mismo que requiere que todos los actores involucrados aunemos esfuerzos», afirmó Atamaint.
Reglamento especial para las elecciones
Los plazos de los hitos para los procesos de democracia interna, campaña electoral, debates tres semanas antes de la convocatoria, «eso es imposible hacerlo porque los tiempos no nos dan, por eso elaboraremos un reglamento especial para este proceso electoral», refirió la titular del CNE.
El CNE proyecta realizar el proceso electoral dentro de los 90 días posteriores, que se cuentan a partir de la fecha de la convocatoria, que no se especificó pero que no puede sobrepasar del 24 de mayo.
También señaló que las áreas técnicas del CNE se encuentran levantando el Plan Operativo, matriz de riesgos y contingencias, directrices y presupuesto de las elecciones presidenciales y legislativas 2023.
A pesar del tiempo ajustado, la funcionaria dijo que todos los recursos que se presenten serán respetados, pero los plazos serán cortos sin afectar el debido proceso. «En eso nos enmarcaremos a trabajar en el calendario electoral», reiteró.
Frente a las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en la Corte Constitucional (CC) respecto al decreto sobre la muerte cruzada, el consejero José Cabrera dijo que eso no representa ningún impedimento.
«Seguimos con nuestro calendario, si luego la CC se pronuncia, será otra cosa, pero nosotros continuamos», aseguró. El Departamento jurídico del CNE se encarga de analizar los plazos.
Diana Atamaint subrayó que Guillermo Lasso puede ser candidato a las nuevas elecciones, pues no tiene ningún impedimento legal hasta el momento.
Presupuesto electoral del CNE
Atamaint expresó que el CNE aún no cuenta con un cálculo del presupuesto que necesitará para realizar las elecciones, pues además está pendiente de que se realice la consulta popular anti petrolera solicitada por el colectivo Yasuní, de carácter nacional, las elecciones en Calacalí que está en marcha.
En este contexto, considerando que el Código de la Democracia determina que son 90 días para convocar a elecciones, la segunda vuelta electoral aún es una «mera posibilidad», por lo que el CNE está obligado a cumplir con la primera parte de 90 días para las elecciones de asambleístas y presidenciales, según Atamaint.
Precisó que si se da una segunda vuelta el CNE deberá definir los plazos, que aún no los tiene, estos correrán desde que los resultados de la primera vuelta estén en firme.
La funcionaria dijo que la Función Electoral quiere precautelar los recursos del Estado sin poner en riesgo la calidad de los procesos electorales. «Nos gustaría juntar los procesos por temas de presupuesto, sin embargo, este no puede estar por encima de los mandatos constitucionales», al indicar que esto se decidirá al definir el calendario electoral y electoral.
¿Qué pasará con la muerte cruzada?
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo.
Fuente: El Comercio