El proceso de conformación de una veeduría para revisar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Transitorio ha generado disputas entre el actual Cpccs y la Fiscalía General del Estado. Mientras la Corte Constitucional dirime este conflicto.
Pasadas las 10:00, de este lunes 25 de septiembre, se instaló la audiencia telemática en la Corte, para conocer sobre el proceso de conformación de la veeduría ciudadana. Y el proceso en el Cpccs para revisar la designación de Diana Salazar, como fiscal general de la Nación; quien pidió al Pleno del organismo constitucional desituir a los consejeros del Cpccs.
En la diligencia participan los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC); el presidente del Cpccs, Alembert Vera; los consejeros y sus abogados; la fiscal Diana Salazar; y el abogado Leiver Quimis, juez de la Unidad Judicial Penal de Montecristi, quien falló a favor de la conformación de la veeduría para auditar al Transitorio.
El debate gira en torno a si el Cpccs incumplió o no el dictamen de la CC al intentar conformar una veeduría ciudadana. En su intervención, la fiscal Salazar rechazó la actuación de cuatro consejeros.
«El presidente Alembert Vera y los consejeros: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto, han propiciado que el Cpccs sea utilizado para concretar abusos, alejándose de su misión constitucional», resaltó Salazar.
Por su parte, Alembert Vera defendió que el organismo que preside no ha buscado destituir a la Fiscal, por lo que no se ha violentado ninguna norma constitucional.
«No ha existido intención de destituir a nadie como falsamente lo han expresado algunos medios de comunicación y algunos consejeros. En este Consejo de Participación no se ha seguido ningún proceso relacionado con la revisión de la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado», dijo.
Entretanto, el juez Leiver Quimis defendió que su decisión de aceptar la conformación de la veeduría ciudadana para revisar las decisiones del Consejo de Participación Transitorio, no trasgrede la Constitución.
«Lo que hice fue atender una solicitud de una ciudadana ecuatoriana, basado en la Constitución, en la Ley de la Función de Participación Ciudadana y en las normas y tratados internacionales de derechos humanos», precisó el magistrado, quien fue el último en intervenir.
Luego de cuatro horas de audiencia, el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, dio por terminada la diligencia e informó que existe un plazo de 72 horas para que las personas que deseen legitimen sus intervenciones.