• Con resultados concretos y una visión multisectorial, la IPG consolida un cambio estructural en el país hacia la equidad laboral.
Ecuador avanza con decisión hacia un entorno laboral más justo, productivo e inclusivo, a través de la implementación de la Iniciativa de Paridad de Género (IPG). Esta política pública ha logrado articular al sector público, privado y a organismos multilaterales como el Foro Económico Mundial (WEF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), con el objetivo de cerrar las brechas económicas de género y promover el liderazgo femenino en el ámbito empresarial.
Desde su lanzamiento, la IPG ha sido adoptada por más de 100 empresas ecuatorianas, consolidándose como un modelo efectivo de gobernanza colaborativa. En menos de un año, sus acciones ya se reflejan en indicadores tangibles. Ecuador ha escalado del puesto 50 al 16 en el Global Gender Gap Report 2024 del Foro Económico Mundial, posicionándose como el país líder en Sudamérica y el tercero en América Latina y el Caribe.
“La paridad de género no es solo un principio de justicia, es una estrategia inteligente de desarrollo económico”, afirma Ana María Pesantes, Secretaría Técnica de la IPG Ecuador. “Cerrar las brechas económicas de género impacta directamente en la productividad del país, en su sostenibilidad y en su proyección hacia mercados más competitivos”.
Uno de los pilares del modelo ecuatoriano ha sido el impulso de marcos normativos como la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, que reconoce el trabajo de cuidado y promueve la inclusión de enfoque de género en políticas públicas y empresariales.
En el plano financiero, más de 10.000 mujeres emprendedoras han accedido al programa Crédito Violeta de BanEcuador, una herramienta diseñada para facilitar el acceso a crédito con condiciones preferenciales. A esto se suma la participación activa de la IPG en la construcción del reglamento de la Ley para Impulsar el Emprendimiento Femenino, abriendo caminos para un ecosistema económico más equitativo.
Asimismo, se han incorporado planes de igualdad en empresas que apuntan a cerrar la brecha salarial, aumentar la representación de mujeres en cargos directivos y consolidar espacios laborales seguros y libres de violencia.
A pesar de los avances, las cifras muestran que los desafíos persisten. Según datos del INEC, una de cada cinco mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia en el entorno laboral. La más común es la psicológica, que afecta al 17,2% de las trabajadoras. Sin embargo, solo el 3% de las mujeres que han sufrido violencia sexual en el trabajo han denunciado el hecho.
Frente a esta realidad, la IPG promueve un enfoque estructural para transformar los entornos de trabajo. Esto incluye la adopción de protocolos internos, mecanismos de denuncia eficaces y la generación de culturas organizacionales centradas en el respeto, la corresponsabilidad y la equidad.
“Transformar la cultura empresarial ecuatoriana es uno de los grandes objetivos de esta iniciativa”, enfatiza Pesantes. “No se trata solo de cumplir con una norma, sino de replantear cómo concebimos el desarrollo del país: con mujeres participando en igualdad de condiciones en todos los sectores productivos”.
El avance de la IPG está respaldado por un esquema robusto de gobernanza. La Mesa Técnica Permanente, instaurada en 2021, y el Grupo de Liderazgo, conformado por representantes del sector público y privado, permiten una gestión articulada y alineada con indicadores de impacto claros.
Entre los actores clave se destacan ministerios como Producción, Trabajo, Economía, Mujer y Derechos Humanos, así como empresas como Arca, Nestlé, Grupo Veris, Banco Guayaquil y más, comprometidas con la transformación de sus políticas internas.
Además, se han desarrollado instrumentos como el Reglamento Operativo de la IPG y el Plan de Trabajo 2024–2026, que orientan la implementación de acciones con enfoque técnico y sostenido en el tiempo.
La IPG Ecuador se proyecta como un referente regional de política pública con impacto real. Su enfoque, centrado en datos, alianzas y resultados, permite abordar los desafíos del presente mientras se construyen las bases para una economía más equitativa, resiliente y próspera para todas.