El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, mejor conocida como la Conaie, Leonidas Iza, declaró “no poder tolerar actos de traición” cometidos por asambleístas del movimiento Pachakutik, de cara a la aprobación del informe para segundo debate del Proyecto de Ley sobre Áreas Protegidas.
Dentro de dicho bloque, seis legisladores, de un total de nueve, han votado a favor de las medidas que el oficialismo ha impulsado desde que comenzó el segundo periodo presidencial de Daniel Noboa, generando una ruptura al interior del brazo político de la Conaie.
En un contexto similar, Pachakutik ya había advertido el pasado 8 de junio a sus nueve legisladores, antes de que se llevará a cabo el segundo debate por la Ley de Solidaridad Nacional, que iba a expulsar a quienes votaran a favor de aquella iniciativa.
Pese a esto, José Nango, Edmundo Cerda, Carmen Tiupul, Manuel Choro, Cecilia Baltazar y Fernando Nantipia mantuvieron su postura aliada al Gobierno, argumentando que dieron su respaldo «con la convicción de que el país necesita respuestas firmes, responsables y urgentes frente a la grave crisis de violencia».
“No entiendo qué es dar gobernabilidad, ¿seguir aprobando leyes para que vayan en contra del pueblo?, ¿eso es gobernabilidad?», reprochó Iza frente a la prensa este martes, adelantando que la Conaie llevará a cabo un congreso entre el 18 y el 20 de julio para abordar el respaldo que la mayoría del bloque legislativo está dando al oficialismo.
Nueva ley económica urgente
El Proyecto de Ley sobre Áreas Protegidas es el tercero calificado como urgente en materia económica que impulsa Noboa. Con este busca ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su condición de áreas protegidas, han sido tomados por economías ilegales, grupos armados y actividades criminales.
Otro objetivo de la nueva normativa es promover la inversión pública y privada en programas que fortalezcan la gestión de las áreas protegidas, la generación de empleo en las comunidades aledañas, la diversificación de la matriz productiva y desarrollo local a través de actividades ecoturísticas responsables.
Además, promueve las inversiones en seguridad en esas zonas, con el fin de evitar actividades ilegales o de economía criminal en sus territorios
Mientras que para la seguridad, la autoridad competente solicitará a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas que brinden custodia en el perímetro de las áreas protegidas. Esto se complementará con la gestión de los guardaparques.
En la disposición general se establece la remisión del 100% de los cánones vencidos de arrendamiento, intereses, recargos y multas, correspondientes a los contratos de arrendamiento de infraestructura de los puertos artesanales, para fomentar la pesca artesanal.
Cuando se presentó el proyecto para el primer debate, Pachakutik advirtió que este impulsaría la privatización de zonas protegidas, señalando que la conservación de estas áreas se vería negativamente afectada por la intervención promovida por el Ejecutivo, lo cual también afectaría a comunidades nativas indígenas.