La salud mental comunitaria se ha convertido en una prioridad ética, social y de salud pública en el Ecuador. Frente a contextos marcados por desigualdad, violencia, pobreza y exclusión, se requiere un enfoque que no solo trate síntomas individuales, sino que también tome en cuenta las condiciones sociales que afectan la salud mental.
Según datos de la Política Nacional de Salud Mental 2024–2030 y el Ministerio de Salud Pública (MSP), Ecuador cuenta aproximadamente con 13.000 psicólogos y solo 400 psiquiatras certificados. Esto equivale a una tasa de 0,24 psiquiatras por cada 10.000 habitantes, muy por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1 por cada 10.000). Además, de los 1.129 establecimientos con servicios de salud mental, la mayoría son privados, lo que limita el acceso para la población más vulnerable.
En respuesta a esta realidad, la academia, la sociedad civil y los servicios de salud son actores clave en la búsqueda de iniciativas y soluciones que garanticen el derecho a la salud mental desde un enfoque de derechos humanos, intersectorialidad y participación comunitaria. Distintas instituciones públicas como la Secretaria General de la Vicepresidenta, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de Salud de Quito y diversas fundaciones y ONGs como Huertomanias y FEATPEM se han unido a la UISEK para analizar esta problemática y proponer acciones conjuntas en la atención especialmente desde el punto de vista de familiares y usuarios.
En un encuentro académico realizado el pasado 15 de julio en el auditorio del campus Miguel de Cervantes de la Universidad Internacional SEK ubicado en Carcelén, con estudiantes y profesionales, expertos de cada organización debatieron sobre la política pública de salud mental, experiencias comunitarias y aportes de la academia. En palabras de Carla Arellano, Secretaria General de la Vicepresidencia, ¨la salud mental debe abordarse con un enfoque 100% preventivo, priorizando la detección temprana, la educación emocional y el bienestar integral desde las primeras etapas de la vida. En Ecuador, ya contamos con una Política Nacional de Salud Mental que representa un avance significativo, pero su implementación efectiva requiere el compromiso de todos. Es fundamental aumentar la presencia de profesionales capacitados en esta área para garantizar una atención oportuna, cercana y de calidad en todo el territorio nacional¨.
Priorizar un modelo de atención comunitaria plantea una forma diferente de comprender y abordar el sufrimiento psicosocial: promueve el bienestar desde el territorio, fomenta la participación activa de la comunidad, y prioriza la prevención, la inclusión y el respeto por los derechos humanos. Este enfoque propone una atención cercana, contextualizada y no medicalizada que se articula con redes de apoyo y saberes locales.
No obstante, en Ecuador su implementación aún es limitada. La falta de profesionales formados específicamente en este enfoque es uno de los principales desafíos señalados por el Ministerio de Salud y por instituciones académicas y sociales que trabajan en el tema. En este contexto, la docente Investigadora de la UISEK, Gabriela Llanos, comparte que, “la formación en salud mental comunitaria no solo entrega herramientas técnicas, sino que cultiva una mirada crítica frente a las estructuras que generan desigualdad y sufrimiento psicosocial”.
Es así que, la salud mental comunitaria representa hoy una apuesta necesaria para construir sociedades más justas, empáticas y resilientes. Impulsar este enfoque es clave no solo para responder a las carencias del sistema actual, sino también para garantizar el derecho de todas las personas a una vida digna, emocionalmente saludable y con acceso a tener apoyo en su propio entorno.