El Municipio de Guayaquil calificó como arbitraria e infundada la notificación de sanción administrativa enviada por la Prefectura del Guayas, tras el pedido de revocatoria del registro ambiental de la obra en la Av. del Bombero. La decisión se basa en un informe del Ministerio de Ambiente que, según la administración municipal, carece de argumentos técnicos y responde a presiones políticas.
“Este es un hecho que realmente nos debería asombrar a todos los guayaquileños, pero también a todos los ecuatorianos, porque no es posible que, con una resolución inmotivada, donde no exista una pericia, donde no exista una prueba de laboratorio, donde no se hacen enunciados jurídicos de qué es lo que se está afectando, pueda ser admitido por la prefectura para poder suspender esta obra de los guayaquileños”, cuestionó el Coordinador Legal del Municipio, David Norero.
El funcionario sostuvo que el informe del Ministerio, emitido el pasado 23 de julio, no identifica daño ambiental alguno y que la Prefectura del Guayas tenía plena competencia para rechazarlo. “El artículo 76 de la Constitución dice claramente que tienen que ser motivados los pronunciamientos de las autoridades públicas. Por lo tanto, en el ejercicio de sus funciones, la Prefecta en este caso sí podía rechazar lo que decía un informe inmotivado por parte del Ministerio de Medio Ambiente, en virtud de no tener pruebas científicas que digan que realmente se da una contaminación”, afirmó.
Norero advirtió que el procedimiento iniciado por la Prefectura vulnera el Código Orgánico Administrativo (COA), al basarse en criterios subjetivos y no en evidencia verificable. Y fue más allá: denunció motivaciones políticas detrás del proceso.
«Quiero ser enfático en esto y quiero ser categórico, porque lamentablemente se está actuando de forma política. ¿Y por qué digo de forma política? Porque no tienen un sustento jurídico. Y no van a tener un sustento jurídico, porque es la misma prefectura del Guayas la que ya permitió tener el registro ambiental. Entonces, no podemos decir que es un error por parte de la Prefectura haberlo dado”, subrayó.
Como antecedente, recordó que otras infraestructuras similares, como los pasos elevados en la Av. de Las Américas y Juan Tanca Marengo, fueron construidas sin licencia ambiental, apenas con un certificado. “Estas dos construcciones, señores, tuvieron simplemente un certificado ambiental. Nosotros hoy actualmente tenemos un registro ambiental que es superior al certificado”, puntualizó.
El Municipio anunció que presentará sus descargos dentro del plazo de 10 días establecido y advirtió sobre posibles responsabilidades administrativas por parte de quienes impulsan esta medida. “El artículo 11, numeral 9 de la Constitución te permite a ti ejercer el derecho de repetición como Estado”, concluyó.