El ministro del Interior, John Reimberg, informó este domingo que los mil presos de nacionalidad colombiana que han comenzado a ser deportados a su país de origen desde este viernes tienen prohibido ingresar al Ecuador por los próximos 40 años.
“Esta acción forma parte de nuestra política de tolerancia cero con el crimen organizado. Quienes atenten contra la seguridad del país, no tienen cabida aquí”, declaró el titular de la cartera de Estado a través de la red social X, apuntando que los reos en cuestión tienen perpetraron delitos como robo, receptación y narcotráfico.
De acuerdo al Ministerio del Interior, este mes se llevaron a cabo aproximadamente mil audiencias individualizadas para los presos colombianos elegidos, que fueron trasladados en bus a la frontera entre ambos países, en la provincia de Ibarra, bajo «estrictos protocolos de seguridad» y de respeto de derechos humanos.
No obstante, Colombia elevó un reclamo este sábado, asegurando que las autoridades ecuatorianas pusieron en marcha el proceso «sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas».
Ante ello, la Cancillería de Ecuador defendió el traslado de los reos y aseguró que «comunicó oficialmente al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio sobre los procesos individuales de deportación en curso, en calidad de canal diplomático».
El anuncio por parte de Reimberg sobre una prohibición de entrada al país fue emitido en medio de un aumento de tensiones en la ciudadanía ecuatoriana luego de que trascendiera que los presos expulsados no deberán seguir cumpliendo su pena privativa de libertad si no poseen procesos pendientes con la Justicia colombiana.
Conflicto armado interno
Las cárceles se han convertido en focos clave de la creciente violencia criminal que golpea a Ecuador, una situación que ha llevado al país a encabezar las cifras de homicidios en América Latina. Para hacer frente a esta crisis, el presidente Daniel Noboa declaró al país en «conflicto armado interno» en enero del 2024, con el objetivo de combatir a los grupos de delincuencia organizada.
En este contexto, el año pasado el mandatario dispuso la repatriación de presos extranjeros, que en ese entonces sumaban alrededor de 3.200 —aproximadamente el 10 % de la población carcelaria nacional—, siendo en su mayoría ciudadanos colombianos y venezolanos.