Por Melissa Loor. Docente UIDE Campus Guayaquil
La eliminación del subsidio al diésel es técnicamente defendible y es una medida indispensable para consolidar la sostenibilidad fiscal del Estado ecuatoriano. Este cambio no solo pretende hacer más eficiente el gasto público, sino generar conciencia en el consumo de combustibles y, por ende, hacer más eficiente el uso de energía en el país. También impactan las prioridades del gasto público, desplazando aquéllas dirigidas al desarrollo social y económico. Esto crea un problema para los políticos, que tienen que proteger ciertas industrias sin destruir la sostenibilidad fiscal a largo plazo. De hecho, de acuerdo con las últimas estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, de 2024, la eliminación de gastos innecesarios y la optimización de recursos podría generar un ahorro fiscal de hasta USD 1.200 millones anuales.
Pero la manera abrupta y sin indemnización suficiente ha generado un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Esta situación ha generado una serie de tensiones y molestias que pueden llegar a afectar económica y socialmente a enorme escala no solo a los pueblos originarios, sino a la población en general. La falta de diálogo y negociación ha agravado la crisis y ahora tenemos ciudadanos sin saber qué esperar del futuro.
Pérdidas económicas estimadas: El paro nacional de octubre de 2019 sirve como punto de referencia para estimar el efecto de una movilización prolongada. En ese momento se estimaron pérdidas por USD 1.600 millones en solo 11 días, el 1,5% del PIB anual. Estas pérdidas se concentraron en:
Comercio interno: caída de 60%-80% en ventas diarias en las principales ciudades.
- Exportaciones agrícolas y petroleras: retrasos logísticos y bloqueos de vías que interrumpieron las exportaciones de banano, flores, camarón y petróleo.
- Turismo y servicios: Se ven afectado el sector hotelero y los servicios relacionado con transporte turístico y restaurant sufren perdidas debido a las cancelaciones de reservas.
Productividad laboral: Se contrajeron 30% las horas trabajadas, afectando al trabajo informal y precario.
Si se repitiera una movilización de este tipo, las pérdidas podrían superar nuevamente los USD 1.500 millones, dependiendo del tiempo que dure, las vías que sean bloqueadas y cómo reaccione el Gobierno.
El paro es un ejemplo más de las fallas estructurales del Estado ecuatoriano: debilidad institucional, falta de mecanismos efectivos de diálogo territorial y desconexión histórica entre el diseño de políticas públicas y las realidades socioeconómicas rurales. «La protesta indígena no es por el precio del diésel; es la erupción de un conflicto histórico por el acceso a derechos, recursos y oportunidades».