Comparecencia de Andrea Encalada, directora ejecutiva de CEPREME y Paola Oña, Presidenta del Comité de Pacientes del Hospital Eugenio Espejo, ante la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte de la Asamblea Nacional
El cáncer continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública en Ecuador. Según datos del Global Cancer Observatory (GLOBOCAN), cada año se registran más de 30 mil nuevos casos en el país y alrededor de 16 mil muertes son atribuibles a esta enfermedad. Detrás de cada cifra hay una historia, una familia y un futuro en riesgo. El cáncer no espera.
Frente al debate legislativo sobre la Ley Orgánica para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control del Cáncer en el Ecuador, la sociedad civil realiza sus aportes técnicos orientados a garantizar que esta Ley sea viable, sostenible y verdaderamente transformadora. En esta ocasión, dos representantes de pacientes con cáncer se presentaron ante la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte de la Asamblea Nacional y presentaron propuestas enfocadas en financiamiento sostenible, acceso equitativo y justicia territorial.
Financiamiento sostenible e innovación: los pilares para garantizar equidad en el acceso
Para Andrea Encalada, Directora Ejecutiva de CEPREME, la Ley de Cáncer sólo tendrá un impacto real si incorpora una fuente de financiamiento definida y permanente, acompañada de mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema de salud pública, la continuidad en la atención y la equidad en el acceso a terapias y medicamentos innovadores, especialmente para los grupos más vulnerables. En este marco, CEPREME propone la creación de un Fondo Nacional Solidario con trazabilidad pública, gobernanza multisectorial y presupuesto por resultados.
“El financiamiento no es un detalle técnico, es la columna vertebral del derecho a la salud. Nuestra propuesta del Fondo Nacional Solidario con trazabilidad pública, gobernanza multisectorial y presupuesto por resultados, permitirá que el acceso a tratamientos oncológicos deje de depender de decisiones administrativas y se convierta en una realidad”, señaló Encalada.
La propuesta también incorpora Acuerdos de Acceso Administrado (AAA) como herramientas modernas para garantizar el acceso oportuno y equitativo a terapias innovadoras sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema. Estos acuerdos reducen la incertidumbre clínica y económica, permiten adquirir medicamentos fuera del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) y aseguran mejores precios para tratamientos de alto impacto. De forma complementaria, la creación de un Cuadro Nacional de Terapias Innovadoras y Avanzadas (CNTIA) permitirá incorporar inmunoterapias, terapias dirigidas y tecnologías de última generación de manera progresiva, transparente y basada en evidencia, garantizando justicia terapéutica y evitando los largos retrasos que hoy enfrentan los pacientes.
Justicia Territorial en Salud: el Cáncer No Puede Esperar
Durante su presentación ante la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, Paola Oña, Presidenta del Comité de Pacientes del Hospital Eugenio Espejo, destacó que las brechas territoriales, económicas y estructurales siguen determinando quién accede a diagnóstico, tratamiento y acompañamiento oportuno. Recordó que, en muchas provincias del país —y especialmente en la Amazonía— las personas enfrentan demoras, largos desplazamientos, desabastecimiento y falta de servicios especializados, lo que convierte al cáncer en una enfermedad doblemente injusta: por su impacto clínico y por las barreras del propio sistema de salud.
“La mortalidad por cáncer en el Ecuador refleja un sistema profundamente desigual: entre 2018 y 2023, 189 de los 531 pacientes diagnosticados en la Amazonía murieron; en cantones como La Joya de los Sachas y Lago Agrio la mortalidad supera el 37%, y entre las nacionalidades indígenas alcanza el 50%. La lucha contra el cáncer no puede depender del lugar donde uno nace: ningún ecuatoriano debería recorrer horas, enfrentar desabastecimiento o morir por vivir lejos de un hospital, porque las personas no se están muriendo por el cáncer que tienen, sino por un sistema que no las acompaña: sin diagnóstico a tiempo, sin financiamiento, sin terapias accesibles y sin apoyo emocional.” Indicó Oña.
Si derogan la Ley de Cáncer Cervicouterino, que sea por una Ley mejor
La Ley de Cáncer Cervicouterino, aprobada en 2024 para fortalecer la vacunación contra el VPH, el tamizaje y la atención integral, podría ser derogada por un nuevo proyecto legislativo, lo que implicaría un retroceso en prevención y control. Ante ello, organizaciones y redes de pacientes solicitan una Ley de Cáncer más amplia y sostenible que garantice equidad, investigación y fortalecimiento comunitario en todo el país.
“Se solicitó que la Ley amplíe el rango de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para incluir también a los niños. El VPH es el principal causante del cáncer de cuello uterino y está relacionado con otros tipos de cáncer que afectan tanto a mujeres como a hombres. Incluir a los niños en el esquema de inmunización permitirá una protección más amplia, equitativa y efectiva para toda la población” comentó Encalada.
Un llamado a la ciudadanía y a los medios
Las fundaciones y colectivos que trabajan por la prevención y atención del cáncer en Ecuador hacen un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las autoridades a sumarse a la campaña nacional #LeyConRostroHumano, cuyo propósito es promover una ley verdaderamente inclusiva, con financiamiento sostenible y visión humana.