Familiares y amigos de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, junto a colectivos sociales y de derechos humanos, realizaron este la tarde de este lunes, 8 de diciembre, una marcha en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil, al cumplirse un año de la desaparición de los cuatro menores. La caminata inició en las calles principales del sector y tuvo su primera parada en la vivienda de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, donde vecinos y allegados expresaron su apoyo a la familia.
Una vecina recordó que los niños eran futbolistas y que, mediante el deporte, aspiraban a brindar un mejor futuro a sus hogares. La comunidad, aún afectada por la tragedia, acompañó el recorrido con carteles, flores y consignas de exigencia de justicia.
Actos de memoria en honor a los menores
Los adolescentes, de entre 11 y 15 años, desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 después de ser interceptados por dos patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, tras un presunto robo.
Al cumplirse un año del hecho, las familias organizaron diversas actividades de memoria que se desarrollarán durante la tarde y noche de este lunes, incluyendo caminatas, marchas y vigilias en los puntos donde ocurrieron la detención y los últimos momentos en que los jóvenes fueron vistos con vida.
Como parte de una acción simbólica de reparación colectiva, el parque de la ciudadela Coviem será rebautizado a las 17:00 como “Los cuatro niños de Las Malvinas”. Según las familias, ese espacio público es significativo porque allí los menores jugaron fútbol por última vez antes de emprender el camino hacia sus hogares.
Organizaciones sociales exigen al Estado reconocer “su responsabilidad moral, ética y legal”
Un conjunto de organizaciones nacionales e internacionales difundió este lunes el Manifiesto de la Mesa de Solidaridad por los 4 Niños de Guayaquil, en el que exige verdad, justicia y reparación para las familias.
El documento recuerda que la noche del 8 de diciembre de 2024, los cuatro menores fueron detenidos ilegalmente por una patrulla de las Fuerzas Armadas en el sur de Guayaquil, trasladados a la Base Aérea de Taura, torturados y posteriormente ejecutados extrajudicialmente. Sus cuerpos permanecieron desaparecidos por 22 días, hasta ser hallados calcinados el 31 de diciembre de 2024 en el recinto Casa de Zinc.
El manifiesto sostiene que el caso ocurrió “bajo la sombra cómplice del Estado ecuatoriano”, al que señala como autor intelectual, mientras identifica a los 17 militares procesados como autores materiales. De acuerdo con el texto, el Gobierno promovió una narrativa que buscaba vincular a los adolescentes con grupos delictivos, utilizando estereotipos basados en pobreza y racialización.
El documento también afirma que la Fiscalía pidió inicialmente a las familias “no hacer nada”, y que el cambio de fiscal únicamente ocurrió tras la presión pública. Asimismo recuerda que Ecuador es firmante de múltiples tratados internacionales de derechos humanos y de la Convención contra las desapariciones forzadas.
La Mesa de Solidaridad plantea ocho exigencias principales, entre ellas:
- Que el presidente Daniel Noboa responda públicamente ante las familias, la ciudadanía y organismos internacionales.
- Que el Estado reconozca su responsabilidad moral, ética y legal en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los cuatro menores.
- Que se transparente lo ocurrido y se identifique a todos los autores materiales e intelectuales, incluidos civiles vinculados al llamado Plan Fénix.
- Que se ofrezcan disculpas públicas y se adopten medidas para garantizar que ningún niño vuelva a enfrentar violaciones similares.
- Que se realice una rendición de cuentas sobre las acciones del Estado en el marco del conflicto armado interno.
- Que se cumpla con el Segundo Decenio Afrodescendiente, reconociendo la deuda histórica con la población afroecuatoriana.
- Que se garantice la reparación integral a las familias.
El manifiesto incluye un extenso listado de más de 200 organizaciones ecuatorianas —entre colectivos de derechos humanos, asociaciones comunitarias, movimientos afroecuatorianos, sindicatos, colectivos feministas y universidades— que expresan su adhesión. Asimismo, 37 organizaciones internacionales de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa respaldaron el documento, entre ellas Acción Afro-Dominicana, Alliance for Global Justice, Caribbean Movement for Peace and Integration y el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.
El texto concluye señalando que el Estado ecuatoriano debe evitar que un crimen de esta magnitud vuelva a repetirse y subraya que la lucha por la verdad y la justicia continúa, un año después de uno de los casos más graves de vulneración de derechos humanos en el país.
El juicio avanza hacia su etapa final
El aniversario coincide con la fase final del juicio contra 17 militares procesados por el presunto delito de desaparición forzada. El Tribunal Penal de Guayaquil reinstaló la audiencia para este lunes 8 y martes 9 de diciembre, jornadas en las que se escucharán los alegatos finales de la defensa, la Fiscalía y los representantes legales de las familias.
No obstante, este proceso judicial aborda únicamente la desaparición forzada. La causa paralela por secuestro con resultado de muerte continúa en etapa de investigación fiscal y, según el abogado de las familias, Abraham Aguirre, registra avances limitados pese al año transcurrido desde los hechos.
Este lunes, al final de sus alegatos, el fiscal del caso pidió al Tribunal Penal una sentencia de 34 años y ocho meses de prisión contra los 17 militares de la FAE.
Un expediente extenso y una reconstrucción compleja
El expediente fiscal del caso es uno de los más voluminosos en la jurisdicción: consta de 50 carpetas y alrededor de 5.000 páginas, entre testimonios, informes antropológicos y forenses, reconstrucciones de los hechos, grabaciones de cámaras públicas y privadas, y pericias sobre restos y prendas parcialmente carbonizadas recuperadas en distintos puntos.
Estas pruebas documentales se complementaron con declaraciones de peritos, testigos y procesados durante las 12 jornadas de audiencia desarrolladas desde el 5 de noviembre.
Fuente Primera Plana