La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, hizo pública una carta suscrita por varios expertos del organismo internacional dirigida al Gobierno de Ecuador. En el documento, los expertos expresan una “profunda preocupación” por el deterioro del espacio cívico y por denuncias de presuntas violaciones a la libertad de expresión y otros derechos humanos durante los estados de excepción decretados en 2025.
En el texto, también manifestaron su inquietud por una supuesta amenaza de bomba registrada mientras la Corte Constitucional analizaba demandas presentadas contra algunas acciones del presidente de la República. Recordaron que las normas internacionales establecen que el personal de justicia debe poder desempeñar sus funciones profesionales “sin intimidación, obstaculización, amenazas, acoso ni ninguna interferencia indebida”.
Los relatores señalaron que varias de las protestas sociales recientes surgieron como respuesta al Decreto Ejecutivo 134, que dio paso a la declaratoria de estado de excepción en provincias como Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, debido a la “grave conmoción interna” causada por las protestas tras la eliminación del subsidio al diésel.
La declaratoria permitió la movilización de las Fuerzas Armadas para el control del orden público y restringió la libertad de circulación en determinadas provincias entre las 22:00 y las 05:00.
En ese contexto, los expertos de la ONU subrayaron que los estados de excepción en escenarios de protesta social deben aplicarse únicamente como medida de último recurso y cumplir con criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Además, recalcaron que estas decisiones deben ser no discriminatorias, compatibles con el derecho internacional y estar sujetas a control y revisión legislativa y judicial.
Sin embargo, la carta advierte que los relatores observaron “con gran alarma” un uso generalizado de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Según el pronunciamiento, se reportaron casos de uso indebido de la fuerza, empleo de armas menos letales, desapariciones temporales y detenciones arbitrarias, hechos que habrían provocado al menos una muerte.
Finalmente, los expertos alertaron sobre un mayor riesgo de acoso, criminalización, perfiles raciales y discriminación contra comunidades indígenas y sectores de la sociedad civil que participaron en las protestas. También señalaron denuncias graves de persecución contra organizaciones sociales y comunidades indígenas mediante investigaciones penales y el congelamiento de cuentas financieras.
Fuente Primera Plana