El presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción focalizado, por grave conmoción interna, en nueve provincias y tres cantones del país. Así consta en el Decreto Ejecutivo 277, emitido por el mandatario este miércoles 31 de diciembre. La medida tendrá una vigencia de 60 días.
La declaratoria rige en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos; además de los cantones La Maná (Cotopaxi) y Las Naves y Echeandía (Bolívar).
El decreto suspende en estas jurisdicciones los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, y deroga el Decreto 202, emitido el 4 de noviembre, que mantenía un estado de excepción previo en cinco provincias y tres cantones.
Con la primera suspensión, la fuerza pública podría realizar allanamientos inmediatos, cuando existan indicios objetivos y razonables de que en el interior de un inmueble se oculten integrantes de grupos armados organizados o estructuras de delincuencia organizada, así como objetos prohibidos o que resulten relevantes para prevenir amenazas.
Además, en dichas intervenciones, las fuerzas del orden podrán realizar verificaciones, registros y controles necesarios en cuanto guarden relación con el objeto del allanamiento, y con observancia en los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, dejando constancia documentada de lo actuado y respetando las garantías del debido proceso y los derechos intangibles previstos en la Constitución.
Por otra parte, la suspensión de la inviolabilidad de correspondencia permitirá la identificación, análisis y recopilación de información estrictamente pertinente, cuando resulte indispensable para prevenir o neutralizar amenazas relacionadas con los hechos que motivan la declaratoria.
De acuerdo con el decreto Ejecutivo, la medida se sustenta en informes reservados del Centro Nacional de Inteligencia, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que advierten una intensificación y expansión territorial de la violencia y de las estructuras del crimen organizado, con dinámicas delictivas interconectadas entre corredores logísticos y zonas de influencia.
El presidente encargó la ejecución del decreto al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía y las Fuerzas Armadas.
La declaratoria se produce en un contexto de alza sostenida de la violencia: según cifras difundidas por medios de prensa, el país cierra 2025 como el año más violento de su historia, con cerca de 9.000 homicidios intencionales. Entre enero y noviembre se registraron más de 8.300 asesinatos, superando los niveles de 2023 y 2024; proyecciones sitúan la tasa de muertes violentas en 52 por cada 100.000 habitantes.
Fuente Primera Plana