El presidente Daniel Noboa envió a estudio de la Corte Constitucional (CC) varias preguntas para un referéndum y consulta popular, que tiene previsto ejecutarse a finales del año. Uno de los cuestionamientos habla sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).
El mandatario dividió los cuestionamientos en dos partes. En la primera están las cuatro preguntas de referéndum que buscan enmendar la Constitución para establecer la contratación por horas en el sector turístico, la reducción del número de asambleístas, el control político a los jueces constitucionales y la eliminación del CPCCS.
Mientras que, vía consulta popular, Noboa pretende que vuelvan las salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas.
En cuanto al tema del CPCCS, la pregunta específicamente dice lo siguiente:
¿Está usted de acuerdo con transferir y adecuar los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, y como consecuencia de esto, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enmendando la Constitución de la República del Ecuador de conformidad con el Anexo de la pregunta?
PROCESADO DE DESIGNACIÓN
En los anexos se explica que en el caso de la designación de autoridades a través de terna, la Asamblea Nacional elegirá a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana.
Para ello, el Legislativo organizará comisiones calificadoras, que serán las encargadas de llevar a cabo, el concurso público de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana.
La comisión calificadora estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones: Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social (Contraloría y Defensoría del Pueblo). Las sesiones de la comisión serán públicas.
En los casos de selección por concurso de oposición y méritos de una autoridad, la Asamblea escogerá a quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo concurso, conforme el informe y resolución final de la comisión calificadora, y procederá con la posesión respectiva.
Cuando se trate de la selección de cuerpos colegiados que dirigen entidades del Estado, la Asamblea designará a los miembros principales y suplentes, en orden de prelación, entre quienes obtengan las mejores puntuaciones en el concurso. Los miembros suplentes sustituirán a los principales cuando corresponda, con apego al orden de su calificación y designación.
También se menciona en los anexos de la pregunta que aquellos funcionarios que se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos.
Además, se garantizarán condiciones de equidad y paridad entre mujeres y hombres, así como de igualdad de condiciones para la participación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior.
Mientras tanto los temas de control social y participación ciudadana quedarán a cargo de la Función de Transparencia y Control Social, integrada por la Contraloría y Defensoría del Pueblo.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS CONCURSOS EN MARCHA?
En los anexos de la pregunta también se menciona que la Asamblea en el plazo de 90 días desde la proclamación de los resultados del referéndum constitucional en el Registro Oficial, realizará las reformas legales respectivas para cumplir con esta reforma constitucional.
Por lo que en caso de que la pregunta llegue al referéndum y reciba el respaldo de la gente, los miembros del actual CPCCS saldrán de sus cargos en el plazo anteriormente mencionado.
Además, el documento de Daniel Noboa dice que los concursos que se encuentren en trámite a la fecha de proclamación de los resultados del referéndum constitucional en el Registro Oficial deberán quedar sin efecto. Le correspondería a la Asamblea Nacional iniciar nuevamente dichos concursos.
Actualmente, el CPCCS tiene en marcha cinco trámites para la designación de autoridades, cuyos procesos avanzan de manera lenta.
Está pendiente la designación del nuevo Fiscal General del Estado, la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), el nuevo Defensor del Pueblo, la renovación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).
El proceso más avanzado es el relacionado con el CJ, que está en la etapa de escrutinio público e impugnación ciudadana. Luego, vendrá la designación de los funcionarios. Los demás concursos están en sus etapas iniciales.