En una resolución que sacude el tablero político y judicial del país, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, y dos personas más. La decisión se tomó en el marco del «Caso Goleada», una investigación liderada por la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre una presunta red de corrupción en la comercialización de combustibles.
Medidas cautelares y restricciones financieras
De los 11 detenidos inicialmente en operativos realizados en Guayaquil y Samborondón, el magistrado dispuso distintas medidas según el nivel de participación y condición de los implicados:
- Prisión Preventiva: Dictada para 5 procesados, incluyendo a los hermanos Alvarez. El alcalde será trasladado a la Cárcel 4 de Quito.
- Arresto Domiciliario: Ordenado para un procesado debido a su condición de adulto mayor.
- Medidas Alternativas: Otras 5 personas deberán presentarse periódicamente ante la justicia y tienen prohibida la salida del país.
- Bloqueo de activos: Se dispuso la inmovilización de todas las cuentas bancarias de los procesados en el sistema financiero nacional.
La tesis de la Fiscalía: «Neutralizar riesgos»
La FGE fundamentó la necesidad de la prisión preventiva para evitar posibles riesgos procesales. Según la acusación, el caso gira en torno a un «entramado societario complejo» dedicado a la venta de combustible que habría evadido controles estatales, incurriendo presuntamente en delitos como delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
Defensa alega falta de sustento
Por su parte, el abogado del alcalde, Ramiro García, cuestionó la legitimidad del proceso, señalando que la investigación nació de una denuncia anónima. García enfatizó que la evidencia principal se basa en peritajes de mensajería que suman unas 150.000 páginas de chats.
«Son conversaciones coloquiales de quienes forman parte de una empresa y de un negocio», afirmó el jurista, quien además sostuvo que su cliente ha cumplido con todas las disposiciones previas, por lo que consideró la prisión como una medida desproporcionada.
Ambiente de tensión en la capital
Mientras se desarrollaba la audiencia en el Complejo Judicial Norte de Quito, decenas de simpatizantes del burgomaestre guayaquileño se concentraron en los exteriores para manifestar su respaldo. Pese a las protestas y los argumentos de la defensa, el juez ratificó la legalidad de las detenciones y el inicio de la instrucción fiscal.