Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, aclaró que el Gobierno no está armando a la población, con el decreto que permite el libre porte de los artefactos. Les da -dice- la posibilidad de tener una herramienta de defensa a quienes pueden demostrar capacidad de uso.
Detalló los requisitos para acceder a un arma:
No tener antecedentes penales.
No tener antecedentes de violencia.
No ser adictos o toxicómanos.
“Todo esto tiene que demostrarse, no es que mañana en masa todo mundo encontrará armas en las ferreterías”.
En entrevista con FM Mundo, aseveró que no hay medida perfecta y por ello, enfatizó, en que está decisión fue meditada durante siete meses a fin de saber si era o no conveniente.
“No hay medida perfecta pero fue evaluada por el Gobierno antes de tomar la decisión y firmar el decreto”.
¿Asesinato en defensa propia?
Al ser consultado sobre qué ocurrirá ante la justicia con quienes usen armas en defensa propia, Diego Ordóñez respondió que dependerá de las circunstancias y que en todo caso, queda en la decisión de cada ciudadano.
“Tienen que evaluar los riesgos que corren; si va preso es un supuesto, es un escenario que puede o no darse y eso dependerá de las circunstancias y de cómo sea evaluado judicialmente”.
Aclaró que con esto, el Gobierno no se ha rendido ante la delincuencia, más bien sigue dando batalla, lo cual se demostraría con la incautación de sustancias sujetas a fiscalización y desarticulación de bandas.
“No puede hablarse de una rendición”.
Según un análisis de Ordóñez, en las redes sociales, la ciudadanía se ha mostrado favorable a la medida. Respecto al pronunciamiento de las universidades en contra del porte de armas, el funcionario adujo que solo se trata de dos instituciones de educación superior, una pequeña creada en el Gobierno de Rafael Correa y otra que amparó a las organizaciones sociales que se movilizaron en junio de 2022. “Hay muchas de más importancia”.
Fuente: Radio Pichincha