El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Justicia y Vigilancia, realizó un operativo de control en 19 recicladoras ubicadas en el centro de la ciudad.
Del total de sitios visitados, en 17 locales se colocaron sellos de clausura por operar de forma ilegal ya que no contaban con la tasa de habilitación para su funcionamiento. En los otros dos negocios, sus propietarios habían iniciado el trámite para la autorización y fueron notificados para que culminen el proceso.
El objetivo de este operativo, que empezó a las 10:00 y culminó a las 14:00, es evitar el comercio de bienes públicos robados como cables eléctricos del sistema de alumbrado y medidores de agua, de donde se obtiene el cobre, uno de los metales que más se recicla en estos lugares.
En la intervención participaron Agentes de Control Municipal, elementos de la Policía Nacional, delegados de Justicia y Vigilancia, SEGURA EP, SRI y dos comisarios de la Gobernación del Guayas. También se sumó personal de EMAPAG, Interagua y de la Dirección de Obras Públicas, quienes revisaron entre toneladas de chatarra que no existan materiales que procedan de sus bienes.
En uno de los locales, ubicado en la calle Piedrahíta, entre Ximena y Boyacá, los vecinos agradecieron la intervención municipal ya que señalaron, fuera de cámara por temor a represalias, que este centro se había convertido en guarida de consumidores de droga y de delincuentes.
Durante el recorrido, al llegar a las calles Manabí, entre José de Antepara y García Moreno, trabajadores de EMAPAG descubrieron que en los exteriores de una vivienda se habían instalados tubos clandestinos para abastecerse del líquido vital sin registro del medidor. Funcionarios de Interagua abrirán un expediente por presunta defraudación, que puede derivar en sanciones en contra del propietario del inmueble.
Metros más adelante, los funcionarios de la Dirección de Justicia y Vigilancia encontraron un bar clandestino que también funcionaba como prostíbulo, sin contar con los permisos correspondientes. Los clientes fueron desalojados, al igual que las trabajadoras sexuales, para proceder con la clausura.