Joan Proaño advierte sobre la vulnerabilidad de las construcciones informales y plantea la necesidad de fortalecer la prevención, evaluación y reforzamiento de edificaciones en el país.
Los recientes movimientos sísmicos registrados en países de la región vuelven a poner sobre la mesa una realidad que Ecuador no puede ignorar: el país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y, por tanto, está expuesto de manera permanente a eventos sísmicos de distinta magnitud.
Para Joan Proaño, vicepresidente de Construcción Positivos, el principal desafío del país no radica necesariamente en la ausencia de una normativa técnica. Ecuador cuenta con una Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) que establece parámetros exigentes para garantizar edificaciones con criterios de sismorresistencia. El problema, sostiene, está en el nivel de cumplimiento de estas disposiciones, especialmente en las construcciones informales.
“El Ecuador tiene una normativa de construcción sismorresistente bastante buena. El problema es cuánto se cumple esa normativa”, señala Proaño, al advertir que una parte importante de las edificaciones, particularmente en sectores urbanos periféricos, se levanta sin la participación de profesionales especializados, permisos o controles técnicos.
De acuerdo con su análisis, en Quito alrededor del 30% de las construcciones serían formales y cumplirían con procesos que involucran arquitectos, ingenieros y licencias, mientras que el 70% restante correspondería a edificaciones que no necesariamente han sido sometidas a los controles establecidos. Esta situación incrementa la vulnerabilidad de las viviendas ante un eventual terremoto.
Uno de los principales riesgos identificados está relacionado con edificaciones que han sido modificadas o ampliadas sin considerar su capacidad estructural. La incorporación de nuevos pisos sobre estructuras que originalmente no fueron diseñadas para soportarlos, así como el uso insuficiente de elementos estructurales, puede incrementar significativamente el riesgo de colapso ante un movimiento telúrico.
“No podemos esperar a que ocurra un terremoto para descubrir cuáles son las edificaciones vulnerables”, plantea Proaño, quien considera que el país debería avanzar hacia procesos de evaluación, identificación y reforzamiento de las construcciones existentes.
Esta tarea también debería considerar aquellas viviendas ubicadas en zonas expuestas a otros riesgos naturales, como inundaciones o deslaves. El objetivo, explica, debe ser contar con un diagnóstico que permita determinar cuáles edificaciones pueden ser reforzadas y cuáles presentan condiciones que las hacen inhabitables.
El desafío adquiere una dimensión aún mayor frente al déficit habitacional existente en Ecuador. Según el planteamiento expuesto por Proaño, existen más de 700.000 viviendas que presentan condiciones que requieren atención, lo que evidencia la necesidad de incorporar la seguridad estructural como un componente prioritario de las políticas de vivienda.
Frente a este escenario, Proaño explicó que Constructores Positivos, clúster de la construcción del cual es vicepresidente, impulsa la creación y fortalecimiento de una red especializada de respuesta ante desastres naturales, conformada por profesionales y empresas del sector con experiencia en diseño, construcción y evaluación de estructuras sismorresistentes, para fortalecer la capacidad de respuesta del país ante eventos sísmicos.
La propuesta contempla tres líneas de acción. La primera corresponde a una evaluación pre-sismo, orientada a revisar las condiciones de seguridad de las edificaciones existentes y detectar posibles vulnerabilidades antes de que ocurra un evento de gran magnitud.
La segunda sería una evaluación post-sismo, destinada a determinar rápidamente qué edificaciones pueden continuar habitadas y cuáles requieren evacuación, intervención o reforzamiento.
La tercera contempla una brigada de logística y respuesta, que permita movilizar maquinaria, recursos y asistencia hacia los sectores que eventualmente resulten afectados. “La prevención tiene que empezar antes del terremoto. Después de un evento sísmico, el tiempo de respuesta es fundamental para determinar qué edificios son habitables y dónde se necesita intervenir”, sostiene Proaño.
Otro de los aspectos planteados es la necesidad de promover una mayor cultura de construcción sismorresistente y explicar a la ciudadanía que no existe una edificación completamente “antisísmica”, sino estructuras diseñadas para resistir determinados niveles de solicitación sísmica.
En este contexto, Proaño destaca la importancia de conocer las diferentes alternativas estructurales disponibles, entre ellas el hormigón armado, el acero y la madera, siempre que sean diseñadas y ejecutadas bajo criterios técnicos adecuados.
También resalta el uso de paredes estructurales de hormigón, que pueden funcionar como sistemas integrales capaces de brindar mayor estabilidad a una edificación frente a movimientos sísmicos. Este tipo de soluciones ha sido aplicado en países de la región con alta exposición a terremotos, como Chile y Colombia.
Para Proaño, la coyuntura regional debería convertirse en una oportunidad para que Ecuador fortalezca su cultura de prevención y deje de abordar la seguridad sísmica únicamente cuando ocurre una emergencia.
El reto, sostiene, implica articular a autoridades, municipios, profesionales de la construcción y ciudadanía para evaluar las edificaciones existentes, promover procesos de regularización y reforzamiento y garantizar que las nuevas construcciones cumplan rigurosamente con la normativa vigente.
La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en si Ecuador está preparado para enfrentar un terremoto, sino en cuántas de sus edificaciones están realmente preparadas para resistirlo. “La sismorresistencia no debe ser vista como un valor agregado de una construcción, sino como una condición indispensable para proteger vidas”, concluye Proaño.