El Gobierno Nacional avanza con el Plan Escudo para prevenir amenazas del crimen organizado en las instituciones educativas y proteger a niñas, niños y adolescentes. La estrategia articula el trabajo del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y del Ministerio del Interior para identificar riesgos y coordinar la respuesta ante situaciones que afecten la seguridad de la comunidad educativa.
Como parte de esta estrategia, este lunes 5 de octubre se desarrolló un operativo preventivo en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, en Guayaquil. Agentes de la Policía Nacional, acompañados de canes especializados, inspeccionaron aulas y otros espacios del plantel para identificar posibles riesgos. La jornada contó con la presencia de la ministra Gilda Alcívar y el ministro John Reimberg.
“Las bandas criminales no tienen espacio en las escuelas. Estamos verificando en territorio la aplicación de este plan para reforzar la prevención y seguridad en la comunidad educativa”, enfatizó la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar. Añadió que estas acciones permiten al Estado anticiparse a las amenazas mediante una respuesta articulada y coordinada que prioriza el bienestar integral e interés superior de los estudiantes.
Resultados de la coordinación entre educación y seguridad
Desde su implementación en septiembre de 2026, el Plan Escudo ha ejecutado 16 operativos a escala nacional, protegiendo a más de 23.600 estudiantes. Durante estas intervenciones se decomisaron armas u objetos cortopunzantes, alcohol y sustancias sujetas a fiscalización.
El ingreso de la Policía Nacional a los planteles educativos se rige por el Acuerdo Interministerial Nro. MINEDEC-MDI-2026-006-AI, del 28 de agosto de 2026. Las acciones preventivas se activan únicamente ante la solicitud formal de las autoridades de cada establecimiento, frente a riesgos o amenazas detectadas.
El Plan Escudo también se articula con la segunda fase del programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras para prevenir la violencia y los riesgos que afectan el bienestar emocional y social de los estudiantes.
Con estas medidas, el Gobierno Nacional consolida su presencia en territorio y ratifica el compromiso de impedir que las estructuras delictivas se acerquen a los estudiantes, intenten reclutarlos o trunquen sus proyectos de vida.